Una diputada nacional afirmó hoy
que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, "se comprometió a
reveer y dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con
discapacidad". Stanley no habría especificado en qué momento se hará pública
esa decisión por parte del Gobierno.
En plana polémica por las más de
70 mil bajas y suspensiones a pensiones por discapacidad por parte del gobierno
nacional, una diputada nacional del Partido Socialista afirmó hoy que la
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, "se comprometió a reveer
y dar marcha atrás con la quita de pensiones a personas con discapacidad"
y a "rever la aplicación del decreto 432" de 1997 a partir del cual
se dispuso la medida.
Así lo confirmó a DyN Gabriela
Troiano, la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, que mantuvo una
conversación telefónica con la ministra y le planteó los "fundamentos por
los cuales no corresponde aplicar el decreto".
"Se comprometió a dar marcha
atrás en la quita de pensiones a personas con discapacidad y a rever el tema de
la aplicación del decreto", aseguró la diputada, aunque señaló que Stanley
no especificó en qué momento se hará pública esa decisión por parte del
Gobierno.
La diputada presentará esta
semana un listado de personas que fueron afectadas por la medida del Ministerio
de Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Nación; y destacó que
exigirá el tratamiento del proyecto de ley que plantea el aumento del importe
de las pensiones.
A partir de este mes, y sin
previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de
Carolina Stanley, decidió desempolvar un decreto menemista de 1997 que
establece más requisitos para acceder a una pensión.
De esta manera, el gobierno
confirma que, en la actual gestión, las pensiones no contributivas han dejado
de considerarse un instrumento de Seguridad Social para el Estado y se suman a
la política de ajuste que busca disminuir las cifras récord de déficit fiscal.
Las 83 mil suspensiones y bajas
en pensiones por invalidez, a madres de más de 7 hijos y por vejez se
registraron en la primera parte de 2017, de manera unilateral, sin aviso previo
y sin derecho a defensa.
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